El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal nació en 1957 con una eminente vocación práctica: la preocupación por una administración de justicia efectiva y eficiente, que no puede serlo si no se basa en la garantía de la independencia de la judicatura por parte del Estado, que asegure en consecuencia el respeto a los derechos fundamentales y, en definitiva cumpla su función esencial en el mantenimiento del equilibrio del sistema democrático.
Este ha sido el fundamento de la preocupación de la Comisión Directiva del Instituto ante el notorio debilitamiento de la independencia judicial en la tan apreciada República Bolivariana de Venezuela. Por ello, se decidió enviar una carta minuciosamente razonada a la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos para la independencia de jueces y abogados, Doctora Profesora Mónica Pinto, a la sede de las Naciones Unidas en Ginebra (Confederación Helvética).
Recordando los Principios de la Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, así como las Declaraciones, Convenciones y Resoluciones pertinentes, se subrayó la posición central que ocupa el respeto de la independencia de los jueces, de los abogados y de los funcionarios judiciales en la convencionalidad internacional. En consecuencia, el Instituto Iberoamericano pretendió llamar la atención ante el deterioro que sufren los derechos en Venezuela debido a la constante pérdida de independencia e imparcialidad del Poder Judicial, en especial desde diciembre de 2015, lo cual pone en riesgo a las propias instituciones democráticas.
Más en concreto se insistió en el pedido de la intervención de la Relatoría Especial y del Consejo con el fin de mejorar la situación venezolana, con una propuesta específica de visita oficial para examinar y, en su caso, corroborar las alarmantes noticias que han llegado a nuestro Instituto desde diversas fuentes, que por otra parte tienen antecedentes claros que ya obran en la Relatoría Especial desde hace tiempo.
Así la forma de designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como la ampliación de sus integrantes, por sus concretas características, ya se observó en 2005 como una preocupante vía para la politización del Poder Judicial y un riesgo grave para la independencia de los jueces y magistrados. Asimismo, la Corte Interamericana ya tuvo ocasión de constatar esta difícil situación en el caso Chocrón vs.Venezuela (Sentencia del 1 de julio de 2011), incluso respecto a las instancias judiciales inferiores. La designación de jueces provisionales ha sido una práctica constante que contraría directamente los principios y garantías por los cuales nuestro Instituto debe velar.
El Comité de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas el 3 de julio de 2015 mostró, de manera elocuente, su seria inquietud y se pronunció a favor de instar a la Republica Bolivariana de Venezuela a “tomar medidas inmediatas para asegurar y proteger la plena autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales y garantizar que su actuación esté libre de todo tipo presiones e injerencias”. Lejos de pretender ser un acoso a Venezuela -como se entendió desde instancias oficiales venezolanas-, esta preocupación, en el sentir del Instituto, se dirige a procurar de manera urgente el reforzamiento de los derechos fundamentales de los venezolanos y al restablecimiento rápido de la auténtica calidad democrática en la práctica constitucional venezolana.
En los últimos meses ha aumentado la presión política y la criminalización de la protesta social hasta el punto que, como institución comprometida desde su origen con la defensa de los elementos esenciales del ejercicio de la Jurisdicción, sin los cuales no existe verdadera sociedad democrática, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, y en su nombre su Presidente, concretó su petición en la urgente adopción de acciones que permitan atenuar, y en último término, eliminar lo antes posible las serias violaciones de los derechos humanos.
